“Su estado es deplorable”
Legisladores del bloque Fuerza Republicana (FR), que preside Ricardo Bussi, elevaron un proyecto de ley que apunta a declarar el estado de emergencia edilicia, por un año, en las dependencias policiales de Tucumán. “La iniciativa obedece al estado deplorable actual de las comisarías en nuestra provincia, que son el ámbito de trabajo de nuestra fuerza policial y a las cuales la ciudadanía acude para realizar cualquier tipo de gestión”, indica el proyecto, rubricado por los ocho integrantes de este espacio. La idea del bussismo es facultar al Ministerio de Seguridad a “celebrar convenios con las Facultades de Arquitectura y Urbanismo para hacer relevamientos”. Aunque este aspecto está incluido en la ley de Emergencia en Seguridad, ya vigente, se habilita en la propuesta la readecuación de partidas presupuestarias.
Entrevistaron a futuros jueces
Un radical rechazó un pliego
La comisión de Peticiones y Acuerdos, que preside la peronista Sandra Mendoza, efectuó las entrevistas de rigor a los cuatro candidatos a magistrados del Poder Judicial de Tucumán propuestos por el gobernador, Juan Manzur, a instancias de los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura. Se trata de los futuros jueces del Tribunal de Impugnación de Concepción (con alcance en Monteros), Jorge Carrasco, Edgardo Sánchez y Paul Hofer; y de Isolina Apás Pérez de Nucci, propuesta como jueza Correccional en lo Penal de la II Nominación de la Capital. El radical José Canelada emitió un dictamen que rechaza la designación de Hofer. “El gobernador no pierde oportunidad de ubicar a personas de su riñón político en despachos sensibles de la Justicia como este, que revisará todas las sentencias penales”, indicó.
Para eximir del Seguro Escolar
Quieren evitar la caída en la matrícula
Hoy se reúne la comisión de Hacienda de la Legislatura, que preside el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares. Allí se definirá si, como se conversó en la Labor Parlamentaria de ayer, el proyecto de ley que suspende el cobro del Seguro Escolar para 2020 llega al recinto en la próxima sesión. “Mientras que en 2015 la matricula total de la educación común (que incluye todos los niveles de educación, desde el inicial hasta el secundario) de gestión estatal fue de 296.699 alumnos inscriptos, en 2018 se redujo a 292.967 alumnos”, indicó Federico Masso (Libres del Sur), autor del proyecto. Y advirtió que en diciembre de 2018 y febrero de este año, “miles de padres y madres de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social han concurrido a distintas oficinas de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social en busca de la excepción de este pago”.